La Conferencia Episcopal Española acaba de publicar una Nota de prensa en la que pide que los poderes públicos defiendan el derecho a la libertad religiosa de una gran parte de la población prohibiendo el anuncio de ciertas organizaciones ateas en los autobuses municipales. La Nota argumenta que el anuncio en cuestión resulta ofensivo, y la libertad de expresión de los ciudadanos se debe ejercer con respeto a las convicciones más íntimas de los demás ciudadanos.
A mi juicio esta nota de la Conferencia Episcopal Española se debe entender en el contexto de la doctrina de la Iglesia Católica acerca de la libertad religiosa. En efecto, según la Declaración Dignitatis Humanae del Concilio Vaticano II la libertad religiosa “consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, tanto por parte de individuos como de grupos sociales y de cualquier potestad humana, y esto de tal manera que, en materia religiosa, ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, sólo o asociado con otros, dentro de los límites debidos”.
Como católico, quien suscribe este artículo no se opone a que las organizaciones ateas empleen su dinero en hacer propaganda de sus creencias religiosas —o de la ausencia de ellas—. La misma Conferencia Episcopal indica en su Nota de prensa que “los católicos respetarán el derecho de todos a expresarse”. De hecho desde hace decenios ha habido muchas denominaciones religiosas que han hecho propaganda de sus creencias por medios públicos, y las autoridades de la Iglesia Católica siempre han respondido con respeto.
Este anuncio sin embargo es distinto, porque en él las organizaciones ateas no exponen su doctrina, sino que critican a los que profesan otra doctrina llamándoles infelices, injurian a los que creen en Dios, por lo que es natural que los creen en Dios reaccionen y pidan protección a los poderes públicos. Los partidos políticos, cuando se acerca una convocatoria electoral, piden el voto para su formación mostrando su programa electoral, lo comparan con el de los demás partidos y defienden la bondad de sus propuestas y argumentan que las demás propuestas son ineficaces, pero no insultan a los que voten al partido rival. El anuncio ateo de los autobuses considera infelices a los creyentes. Parece razonable que los creyentes pidan a las autoridades que les tutelen en su dignidad.
En diciembre una sentencia reconoció el derecho de un padre a retirar el crucifijo de las aulas de un colegio público de Valladolid frente a la voluntad de mantenerlo de los demás padres del mismo colegio. Ojalá que esta vez los poderes públicos reconozcan el derecho de la mayoría a no ser insultados frente al deseo de unos pocos. Hay que respetar la libertad de expresión de los ateos, y también la libertad religiosa de los creyentes.
Pedro María Reyes Vizcaíno
Editor de Iuscanonicum.org
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